Le futur des derniers territoires pas urbanisés de Séville. El futuro de los últimos territorios sin urbanizar de Sevilla.

El grupo de consumo Gazpacho Rojo es un colectivo que, además de buscar modos de consumir más ecológicos a través de canales cortos, apuesta por la soberanía alimentaria y la defensa del territorio a través de acciones formativas, reflexivas o reivindicativas. Acudimos a una charla-debate organizada por este colectivo acerca del futuro de la Vega Norte de Sevilla. A pesar de coincidir temporalmente con una manifestación contra la brutalidad policial ejercida sobre unos estudiantes manifestantes en Valencia, en el “Ateneo Tierra y Libertad” se concentran casi 40 personas interesadas en la historia y la problemática de la Vega Norte de Sevilla.

Están presentes en la charla Julián y Mari (agricultores tradicionales de la zona), Rocío (que ha participado activamente en la defensa de este territorio en el que vive su familia), y Joaquín (joven arquitecto que ha decidido alquilar unas tierras para vivir de su huerta en la Vega Norte).

La zona que hoy se conoce como el “Cortijo de las Casillas” pasó de ser un gran olivar a una zona de regadío en los años 30 del siglo pasado. Un diseminado rural, el último que queda en el término municipal de Sevilla, donde las parcelas agrícolas no cuentan con el soporte de infraestructuras de agua, caminos pavimentados, alumbrado público o recogida de basuras (más bien al contrario, la parcela que hoy ocupa la familia de Rocío fue antes un vertedero de basuras).

Anteriormente, existían un gran número de vaquerías y granjas de cerdos, combinados con basureros, en lo que hoy es el barrio de Pino Montano. Desde la cercana avenida Manuel del Valle hasta la lejana muralla del centro histórico, la zona norte de la ciudad había estado ocupada históricamente por huertas, hoy convertidas en barrios residenciales de clase obrera.

Las huertas, por tanto, se han ido desplazando hacia el norte, con una estructura de propiedad repartida entre pocos latifundistas, emparentados entre sí, y con rencillas familiares que han hecho que muchos terrenos hayan permanecido baldíos durante bastante tiempo. Algunos propietarios optaban por vender las tierras en pequeños lotes, ya que sus arrendatarios en muchos casos no eran capaces de hacer frente al pago de sus alquileres. Es así como hoy existe una mayor cantidad de pequeños propietarios, interesados en defender su territorio.

La amenaza especulativa se cierne sobre estos pequeños agricultores a partir del pre-avance del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, publicado en 2004. En él se establece el cambio de cauce del canal del Tamarguillo, y algunos de los propietarios tienen noticia de la futura expropiación de parte de sus tierras para el nuevo cauce a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El motivo esgrimido para este cambio era el de evitar posibles inundaciones en la zona. No obstante, según los vecinos, el cauce actual no sería peligroso si estuviera bien conservado, pero el gobierno local no realiza las necesarias medidas de mantenimiento. El motivo encubierto que intuyen es el de poder urbanizar “Las Casillas” y eliminar sus huertas, cosa que no sería posible mientras se considere esta zona como “potencialmente inundable”.

La perspectiva de este PGOU para la zona norte es la de colmatar la urbanización de todo el territorio del término municipal, quedando tras las reordenaciones, sólo 60 hectáreas de huertas de las 250 que existen en la actualidad. Los usos previstos serían mayoritariamente productivos y terciarios (ya existen casos de grandes parcelas de terreno adquiridas por empresas de energía), y la colmatación conllevaría la conurbación de Sevilla con los pueblos más próximos en su zona norte, eliminando el escaso patrimonio rural que conserva la ciudad. Esta entrada de empresas con grandes movimientos de capital, trabajadores y actividad logística es lo que presiona al Ayuntamiento para la construcción de infraestructuras como la futura carretera SE-35, que llevaría adosado el nuevo cauce previsto para el arroyo Tamarguillo.

Ante esa situación, la Asociación de Vecinos “Huertas de Sevilla” decidió realizar algunas alegaciones al Plan, proponiendo que se instalasen en la zona urbanizaciones de baja densidad con huertas para cada vivienda. En 2006 se crea la Asamblea de Afectados por el Nuevo Cauce del Tamarguillo, compuesta por unas 40 familias, que entre otras cosas promovió un recurso a la Declaración de Impacto Ambiental que pudiera frenar el proyecto. Aunque este recurso no prosperó, fue la crisis económica la que ha hecho inviable el desplazamiento del cauce. Tras dos años de esfuerzos, la Asamblea, de la que Rocío era portavoz, decidió disolverse en 2008 al ver que remitía la amenaza.

La convivencia entre la Asociación de Vecinos y la Asamblea de Afectados fue, por momentos, complicada. Esto era debido fundamentalmente a que algunos vecinos, que participaban de la Asociación, esperaban recibir buenas indemnizaciones a cuenta de la expropiación de sus tierras, mientras que otros, más afines a la Asamblea de Afectados, estaban más concienciados con la defensa de la diversidad del territorio. Pasaban así de un discurso individualista alrededor de las compensaciones económicas, a otro más global acerca del modelo de ciudad que el planeamiento debía proponer. Existían además empresas inversoras que atemorizaban a los vecinos con una posible valoración a la baja de sus tierras en caso de expropiación pública. Estas mismas empresas prometían cantidades mayores a los agricultores, si bien pretendían realizar los pagos a los propietarios a través de pagarés, y proponían una particular gestión de las tierras hasta el momento de la construcción, acorde a sus propios intereses.

El motivo de esta estrategia era el hecho de que la Gerencia de Urbanismo negociaría la futura densidad de urbanización (y por tanto, las plusvalías), con aquellos propietarios o grupos de propietarios que aglutinasen las escrituras de al menos el 60% de las tierras a expropiar. La alternativa que planteaban algunos vecinos era la de aunar ese 60% de la propiedad entre pequeños propietarios de la zona, con el fin de ser los dueños del destino de sus propias tierras. Finalmente, estas empresas especuladoras desaparecieron con la crisis económica.

Otras medidas de presión se están realizando en torno al acceso al agua de riego. La gestión del agua pasó de organizarse a través de una comunidad de regantes a ser dirigida por parte de la empresa de aguas de Sevilla, EMASESA, que plantea un sistema de turnos de riego con preferencia de elección para los propietarios de las parcelas más extensas.

Para el futuro, las expectativas de la Vega Norte deben apoyarse en gran medida en la reactivación del relevo generacional, con la llegada de nuevos agricultores jóvenes que vean una alternativa económica en la producción de recursos primarios. Es el caso de Joaquín, que afirma que el futuro de la economía no sólo está en la industria, sino también en la agricultura.

Las esperanzas pueden llegar de Europa : tras determinados cambios en la legislación europea, existen grandes parcelas de terreno que se quedarían sin subvenciones si no hacen a tiempo un giro hacia la agricultura ecológica y hacia otros modos de gestión del suelo. Ya se realizó un interesante proyecto por parte de la organización “Ecologistas en Acción” en el que todas las huertas de la zona evolucionasen hacia la agricultura ecológica. Otro foco de interés sería, una vez más, lo público : Hay una buena cantidad de terrenos públicos en baldío, propiedad de la Diputación Provincial de Sevilla, que podrían fijarse como objetivo de una propuesta en firme por parte de jóvenes agricultores que opten a cultivarlas y doten, a través del valor añadido de la creación de empleo y la agroecología, de más y mejores argumentos para la defensa de los territorios de la Vega Norte.